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CHILE EN EL SIGLO XX (VI Parte)

CHILE EN EL SIGLO XX

LA GUERRA FRIA Y AGUDIZAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS 1946-1955.

            El término de la Segunda Guerra Mundial no trae la ansiada paz; muy por el contrario, le abre a la humanidad una perspectiva revolucionaria que transformara las sociedades nacionales y alterar el enfoque de los problemas internacionales. SE forma bloques de los países industrializados, uno denominado “mundo libre” y el otro, de los países socialistas. Esta bipolarización lleva a un enfrentamiento por las áreas de influencia del mundo y conduce al rearme, a las alianzas militares, y al desarrollo de armas nucleares, con las consiguientes repercusiones económicas y políticas. La “Guerra Fría” estalla de vez en cuando en conflictos bélicos localizados, como es el caso de la guerra de Corea 1950-1953 que agrega un elemento de perturbación a la candente situación política mundial.

            El impacto de la Guerra Fría en América Latina y en Chile en particular, es inmediato. El continente se almea en uno de los bloques en pugna mediante la firma de una serie de acuerdos diplomáticos. Como el Tratado de Río de Janeiro de 1947, Chile se compromete política y militarmente e incluso económicamente con los Estados Unidos de Norteamérica en su lucha hegemónica. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrita en 1948, crea los organismos de la política panamericana, y el Pacto de Ayuda Militar (PAM) 1951 proporciona los elementos bélicos para esta política.

            Otra tendencia capital es la lucha creciente contra el colonialismo y el imperialismo, que inician los países que van a constituir el “Tercer Mundo”. Más de dos mil millones de seres humanos conquistan la independencia, política iniciando la reconstrucción de sus sociedades nacionales. Los países de Asia y África empiezan a jugar un papel importante en los asuntos de la humanidad y de los de América ven su anhelos anti-imperialistas sofocados por la represión de los gobiernos autoritarios de la época, pese al ejemplo valeroso de Guatemala. Paralelamente se toma conciencia de los graves y complejos problemas sociales y económicos de miles de millones de seres que han vivido al margen de la cultura y del progreso social. En otras palabras, emergen las realidades de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo a las que no es ajeno nuestro país.

            Chile, tiene en el período de la post-guerra una población de 6.030.000 habitantes, de los cuales un 60,2% vive en centros urbanos. Se empieza a insinuar una tendencia demográfica que va a constituir un importante elemento en la evolución de la sociedad nacional. Los trastornos del transito de una economía de guerra a la normalidad de la paz, se aminoran en Chile en gran parte por el gasto de las reserva de dólares acumulados durante el conflicto bélico, lo que va a permitir al país sobrellevar las dificultades de la post-guerra. El cobre sigue constituyendo la espina dorsal de la vida económica nacional, proveyendo las divisas de la balanza de pagos y un creciente porcentaje de los ingresos del presupuesto fiscal, y desarrollando un importante mercado para las demás actividades económicas nacionales. Es decir que la estabilidad de la economía chilena sigue ligada a las fluctuaciones y crisis de la minería del cobre. FI Estado continúa en los primeros desafíos del período intensificando su intervención en el desarrollo de las empresas productoras, dictando diversas leyes como las que faculto al Banco Central en 1952 para comercializar la producción de la gran minería del cobre. Diversas circunstancias, como el alocamiento de miles de toneladas de cobre en los puertos derivado del termino de la guerra de Corea, el cambio de actitud política del gobierno y una nueva política para estimular las inversiones en dicha actividad minera, dan lugar a la promulgación en 1955 de una ley de “Nuevo Trato”. Esta ley reemplaza todo el sistema tributario vigente por una participación del Estado que alcanza al 50% de las utilidades de las grandes empresas mineras del cobre; esta se complementa con otras franquicias financieras. Se crea el Departamento del Cobre y se legaliza la Confederación de Trabajadores de dichos minerales. Se preocupa estimular también la industria salitrera con la promulgación en 1956 de una legislación especial, el denominado “Referéndum Salitrero”. Se constituye la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), que amplía considerablemente la política de fomento estatal a la mediana y pequeña minería.

            En materia de industrialización las realizaciones del gobierno del Frente Popular empiezan en esta etapa a dar sus frutos. Se encienden los Altos Hornos de Huachipato, se inaugura la refinería de la ENAP, empiezan a funcionar las plantas eléctricas de ENDESA, etc. rubros que significan un progreso sustancial de la economía nacional. En la agricultura, los gobiernos de este ‘período prosiguen en general las políticas anteriores, que se caracterizan por la implantación de precios remunerativos para los productos agropecuarios y el otorgamiento de créditos para la producción y mecanización de esta actividad, sin alterar las bases del campo chileno.

            Los gobiernos siguen la línea de intervensionismo estatal en la vida económica del país. En 1953 se crea el Banco del Estado, que refunde una serie de organismos de crédito estatales existentes; se funda el Instituto de Seguros del Estado (ISE); se organiza el Instituto Nacional de Comercio, que derivara posteriormente en la Empresa de Comercio Agrícola (ECA); se crea un organismo para coordinar las inversiones de los cuantiosos recursos provenientes de la seguridad social, que es posteriormente disuelto, se racionalizan los organismos de comercio internacional, etc.

Sin embargo, el crecimiento general de la economía del país empieza a perder la velocidad que mantuvo en la etapa anterior. Pese a la incorporación de algunos sectores industriales importantes, los estudiosos han detectado un lento crecimiento en el periodo. Aparte de este virtual estancamiento económico, otro problema adquiere un significado trascendente: la inflación. A partir de 1950, que se registra un 16,7% de incremento del alza del costo de la vida, la inflación empieza adquirir una velocidad vertiginosa y descontrolada, alcanzando en 1955 a un 83,8%.

            El gobierno de Gabriel González Videla mantiene en sus primeros años la política de emisiones monetarias; y un intento de innovar en esta materia tratando de introducir la estabilización de sueldos y salarios, es descartado como consecuencia de la huelga de febrero de 1950. El gobierno de Carlos Ibáñez experimenta con diversos ministros de hacienda distintas políticas anti-inflacionarias que fracasan. Finalmente hace suyos los planteamientos de la misión Klein-Sack, lo que se traduce en la ley promulgada el 23 de enero de 1956. La Central Única de Trabajadores sale al paso de la legislación anti-inflacionaria. Declara una huelga general y nacional con carácter de indefinida, hasta derrotar la iniciativa legal de estabilización de remuneraciones. El Gobierno decreta el Estado de Sitio y procede a encarcelar a los miembros del consejo directivo de la CUT y relega a distintos puntos del país a numerosos dirigentes sindicales.

            La huelga fracasa y el gobierno inicia una política global para afrontar la inflación tratando de obtener estabilidad económica, estimular el desarrollo y como consecuencia elevar los niveles de vida del pueblo, dentro de una economía capitalista o de “libre empresa”. Lo sustantivo de esta política consiste en otorgar reajustes en las remuneraciones, Inferiores al alza del costo de la vida; en 1956, sólo se concedió un 50% del índice de 83,8%. Este planteamiento se complementa con la libertad de precios y el libre intercambio en el comercio exterior.

            Las luchas sociales van a alcanzar una nueva perspectiva en esta etapa, condicionada por los acontecimientos expuestos. Se puede afirmar que la burguesía industrial ve acrecentados sus cuadros con los empresarios nuevos que se generaron en la etapa de desarrollo industrial de la época frentista, consolidando sus posiciones sociales con el estimulo de la política gubernamental; esta situación es también valedera para los sectores terratenientes del país. Se constituye una poderosa coalición de intereses empresariales que dispone durante esta etapa de una no menos fuerte expresión política representada por los partidos conservador y liberal y por la dirección nacional y parlamentaria del partido radical. La clase media asalariada crece con nuevos contingentes de trabajadores estatales, producto de la expansión de los servicios públicos, los que van a constituir un importante grupo de presión en la sociedad nacional. El proletariado industrial se incrementa, sobre todo con el aporte del sector obrero organizado de las empresas del Estado, que tiene remuneraciones y condiciones de vida relativamente más elevadas que sus congéneres del sector privado. Desde el punto de vista legislativo los obreros, tanto industriales como agrícolas, serán beneficiados por una serie de decretos con fuerza de ley que se promulgan en 1953. Esta legislación establece el salario mínimo para el obrero industrial no aprendiz, el salario mínimo agrícola, la asignación familiar obrera y la indemnización por años de servicios. Igualmente se organizaron los organismos de seguridad social y de salud creándose el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, que en esa época, cubren las prestaciones sociales especialmente de obreros y su grupo familiar.

            El gobierno de González Videla presionado por los acontecimientos de la Guerra Fría y por intereses foráneos, el gobierno inicia una abierta ofensiva contra las fuerzas del movimiento obrero que se va a manifestar en la dictación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y en sucesivas leyes de facultades extraordinarias. La Ley mencionada fue durante los diez años de su vigencia (1948-1958) el más formidable instrumento jurídico para sofocar, incluso aplastar las manifestaciones de protesta de los trabajadores del país. Durante los dos primeros años de su aplicación, amén de poner fuera de la ley al comunismo, prácticamente desmantela la organización sindical obrera, somete a proceso o relega a numerosos dirigentes populares e incluso se instalo un campo de concentración en Piragua. Chile, en el hecho, vive un estado de sitio permanente, donde apenas un sector político en el Congreso Nacional y la Federación de Estudiantes de Chile constituyen los escasos portavoces de la oposición política del país.

            La protesta popular irrumpe espontáneamente en 1949 en la denominada “revolución de la chaucha” en la que las multitudes santiaguinas protestan por un alza en las tarifas de locomoción colectiva.

            Todo este cúmulo de circunstancias genera una crisis en las organizaciones políticas del país. Se ilegaliza el partido Comunista, el Partido Socialista se divide, el Partido Conservador también se escinde en un ala tradicionalista y otra social-cristiana o demócrata-cristiana; el radicalismo continua siendo la base política del gobierno, cambiando de posición según la oportunidad del momento. Surge una nueva fuerza política, el agrario-laborismo, que va a expandirse en consonancia con el crecimiento de un movimiento populista que encabezará el ex-presidente Carlos Ibáñez. Hay que anotar que en 1949 se aprueba la ley que concede el derecho a voto a la mujer en las elecciones generales.

            Ibáñez se impone en las elecciones presidenciales de 1952, con el respaldo de amplios sectores populares que incluyen al partido agrario laborista y socialistas populares, derrotando a los candidatos de las coaliciones radical social-cristiana; liberal conservadora, y comunista con un sector socialista.

            Los primeros años de nuevo gobierno son populistas, caracterizados por la presencia partido socialista en ele ministerio; se promulgan diversas leyes de beneficio para los obreros; se crean diversas instituciones económicas del sector estatal y se permite un ejercicio libre de las libertades públicas. Sin embargo, al segundo año de gobierno, este cambia de política, debido a una serie de circunstancias como la crisis de sobreproducción de cobre, la vertiginosa espiral inflacionista, el fracaso de las medidas económicas de los distintos ministerios y la creciente oposición del movimiento sindical. Los signos de esta nueva orientación son la promulgación de la Ley del Nuevo Trato para la gran minería del cobre, la dictación de una legislación anti-inflacionista de la Misión Klein-Sack y una política autoritaria contra los trabajadores organizados, aspectos que ya hemos detallado.

 

LA LUCHA POR EL PODER Y LOS CAMBIOS 1956-1970.

            El periodo que va de 1956 a 1970 se caracteriza porque la humanidad continua viviendo un inestable equilibrio de paz armada entre las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, parece que la coexistencia pacífica empieza a imponerse en las relaciones de los Estados, pese a algunas crisis dramáticas como el acontecimiento de los cohetes en Cuba, en octubre de 1962. La otra gran tendencia de la humanidad es la lucha contra los resabios del colonialismo y del imperialismo, cuyo punto culminante es la guerra del Vietnam, donde el pueblo asiático libra una heroica lucha por su libera nacional haciendo frente a una de las grandes potencias del mundo.

            En el período es posible visualizar la profundidad y la gravedad de los problemas que agobian a los países en vías de desarrollo. Son estos complejos asuntos de las naciones del denominado Tercer Mundo los que contribuyen a la inestabilidad social y constituyen una amenaza creciente a la paz internacional. Los dos tercios de la humanidad, agrupados en América latina, Asia y África, han obtenido la independencia política e inician la reconstrucción de sus sociedades nacionales. En nuestro continente, y dentro de la tendencia señalada, el punto cumbre es el comienzo de la Revolución Cubana en enero de de 1959, que inicio la construcción de una sociedad socialista. Por otra parte, Estados Unidos esboza por entonces, la política de la Alianza para el Progreso, planteamiento que estuvo en vigencia hasta 1965 cuando las tropas norteamericanas invadieron la República Dominicana. Chile, al promediar esta etapa (1960), es un país con 7.375.000 habitantes y hacia el fin del período (1970), su población alcanzaba los 9.555.600 habitantes, señalando una tendencia demográfica importante de la sociedad nacional. Por otra parte, en 1960 el 66,5% de la población vivía en las ciudades, porcentaje que en la actualidad alcanza un promedio superior. La creciente urbanización del país ha generado un sinnúmero de problemas, de los cuales el de los pobladores o habitantes marginales es uno de los más relevantes. Otro aspecto que interesa destacar es el hecho de que un 37,4% tiene una edad menor de 15 años, lo que revela el papel importante de de las generaciones jóvenes en el devenir social.

            La economía del país no se aparta de las estructuras y tendencias básicas que hemos descrito. El cobre continúa siendo la espina dorsal del país, estando reguladas sus actividades productivas durante gran parte de esta etapa, por la ley del Nuevo Trato para las grandes empresas extranjeras del mineral. El fracaso de esta política cupiera y del Estado de Chile y las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Este nuevo planteamiento se traduce en los denominados Convenios del Cobre, que se expresaron en una ley promulgada en 1966, que asocia al gobierno con las empresas productoras. Se crea una nueva sociedad, El Teniente S.A., en que el Estado es propietario del 51% de las acciones manteniéndose el resto en manos de los inversionistas extranjeros. En las explotaciones futuras como la Exótica y Río Blanco el porcentaje sería de un 25% para el gobierno. Igual criterio existía para las sociedades subsidiarias de la Anaconda Co. (Chuquicamata y El Salvador), pero en 1969 se extendió la asociación para estos minerales. Esta política perseguía la chilenización del capital de las empresas; sed conserva la administración general en manos de sus antiguos propietarios y se les concede franquicias tributarias; medidas tendientes a aumentar la producción del metal rojo a un millón de toneladas.

Las crecientes demandas de la economía nacional y en especial el gasto del Estado, han generado otro factor importante a las tendencias económicas del país: el endeudamiento externo, que ha alcanzado un monto considerable y que ha tenido que ser materia de negociaciones sobre el pago y amortización en los primeros meses de la administración de Frei.

            Los demás aspectos de la vida económica nacional revelan un estado de crisis. Tal es el caso de la agricultura, que con su estructura de tenencia de la tierra, baja productividad, la creciente importación de artículos alimenticios, los bajísimos niveles del campesinado, etc., obligan a los gobiernos a iniciar la reforma agraria. En 1962 se promulga la primera iniciativa legal de limitados alcances, para ser reemplazada por otra ley en 1967, que realmente inicia un proceso de transformación gradual del agro chileno. Se han creado organismos como la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y se han organizado diversos servicios agrícolas para afrontar esta tarea fundamental para el desarrollo del país.

            El crecimiento industrial del país prosigue a un ritmo lento, pese a! auge de algunos sectores, como la construcción. Sin embargo, la economía nacional, en su conjunto sigue exhibiendo promedios de crecimiento bajos, que sólo cubren el crecimiento vegetativo de la población; el Estado sigue jugando el papel más destacado en la promoción de las nuevas actividades como la industria química, la de la celulosa, la automotriz, etc.

            La política económica general, y en particular los criterios anti-inflacionistas, son el mismo establecidos en 1956. En los años siguientes, subsiste este planteamiento, promulgándose diversas leyes de estabilización de las remuneraciones y perfeccionándose los procedimientos para mantener los sueldos y salarios a niveles inferiores al índice del costo de la vida. Hubo años incluso que ni siquiera se promulga la ley anual de reajustes de sueldos y salarios, confiando al gobierno en su criterio de estabilización. Sin embargo, toda esta política económica se derrumba en diciembre de 1961, retornando la espiral inflacionaria en forma virulenta. El cambio de gobierno de 1964, significa en materias antiinflacionista nuevos enfoques, como el otorgamiento de reajustes de acuerdo al alza del costo de la vida, mejoramiento del sector rural, redistribución del ingreso a favor de grupos menos favorecidos y tentativa de establecer objetivos anuales para ir reduciendo la tasa de inflación. Sin embargo, todo parece indicar, ya en las postrimerías de la administración de Frei Montalvo, que la inflación reaparece con tasas relativamente altas frustrando de nuevo la posibilidad de controlar este fenómeno.

            El país ha estado evolucionando en los últimos años hacia una estratificación social compleja y variada, producto de la creciente urbanización, el desarrollo de la política de industrialización y la extensión de los servicios del Estado. La población activa del país alcanza a un 32%, incluyendo empresarios.

            Nuevos sectores sociales se incorporan a las luchas sociales del país. Uno de estos es el de los campesinos, que inician un proceso de organización de sindicatos, cooperativas y otro tipo de organismos, estimulados por la puesta en marcha de la Reforma Agraria. El otro es el de los pobladores, habitantes de las poblaciones marginales, sector desorganizado socialmente, de instrucción mínima y que rodea los centros urbanos.

            Una de las consecuencias de estos cambios sociales se refleja en la vida política del país. Uno de los efectos del movimiento social, es en 1956, con la orientación definitiva del gobierno hacia posiciones más conservadoras reflejadas en la ley del Nuevo Trato del cobre, la política de estabilización económica, las medidas represivas contra el movimiento sindical, realidades que crean situaciones favorables para la elección de un Presidente de la República continuar de estas líneas fundamentales. En las postrimerías del gobierno de Ibáñez se deroga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y se le reemplaza por una Ley de Seguridad Interior del Estado. También se promulga una nueva Ley de Elecciones, se establece la inscripción electoral obligatoria, la cédula única oficial, registros permanentes de inscripción y la obligatoriedad del voto, medidas que van ampliar en forma considerable el cuerpo electoral del país. Otra consecuencia importante es la constitución del Frente de Acción Popular (FRAP) integrada por Socialistas, Comunistas y Partido Demócrata nacional (PADENA), la alternativa política del movimiento obrero.

            El sexenio del Presidente Jorge Alessandri continúa las tendencias fundamentales de la política de los últimos años de su antecesor. Esta administración es la expresión política más genuina de la burguesía nacional, tanto por su política como por la composición social de sus dirigentes, y por la actitud ética ante los problemas del país. El Presidente disfruta del amplio respaldo de los sectores empresariales, agrícolas, industriales, grandes comerciantes, el beneplácito de las empresas extranjeras y el apoyo político y parlamentario de los partidos tradicionales del país: conservador, liberal y radical. Mantiene sin grandes problemas el ejercicio de los derechos en la democracia formal, conserva la estructura social y se empeña en una política económica ortodoxa en la “libre empresa”, posición que sufre un colapso en 1961.

            Sin embargo, todo este conjunto de actuaciones políticas, que tienden a mantener el status quo, no son compartidas por la mayoría del pueblo, que aspira a una política nueva de “cambios de estructuras” destinados a crear una nueva sociedad más justa e igualitaria. Dos fuerzas políticas captan este profundo anhelo del país. El Frente de Acción Popular y la Democracia Cristiana. El candidato presidencial de esta última agrupación triunfa bajo el siogan “revolución en libertad”, pese al apoyo electoral de las fuerzas tradicionalistas del país.

            El Presidente Eduardo Frei Montalva alcanza la primera magistratura con lo que culmina una lucha de treinta años desde que formo parte del primer grupo demócrata cristiano: la Falange Nacional, Llega al poder encabezando un vasto movimiento populista de sectores de la clase media, obreros calificados, empleados, pequeños agricultores, grupos de campesinos y un gran apoyo femenino. Todo este movimiento es dirigido por un grupo de clase media alta unido alrededor del catolicismo como pensamiento original e inspirado en las ideas socialcristianas europeas. Su programa político le permitió captar a vastos sectores, ofreciendo, “modernizar” al país con métodos gradualistas o reformistas y con una perspectiva nacional y continental.

            El gobierno s embarco en un vasto plan de reformas, como; convenios del Cobre, la Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, la Reforma Educacional, la política antiinflacionista. Se hicieron grandes gastos sociales y se estimulo la organización sindical y se promulgo una nueva ley de Sindicalización Campesina. Se fomento la creación de Cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres y otros organismos de la comunidad.

LA INTERVENCIÓN MILITAR (1973-1990).

            Abruptamente, el 11 de septiembre de 1973 ,las fuerzas políticas que se oponían a Allende logran sensibilizar a un sector de las Fuerzas Armadas que decide dar un golpe de estado y derrocar al presidente constitucional, iniciándose uno de los periodos más controvertidos de nuestra historia. Desde el punto de vista del desarrollo institucional, dos fenómenos marcan la historia nacional hasta 1990:

-La instauración de un gobierno autoritario, que transforma la dictadura en práctica política.

-La imposición de un modelo económico, llamado neoliberal, que intenta readecuar nuestra economía a la nueva realidad internacional impuesta por el capital financiero.

            Los militares reemplazan bruscamente la antigua democracia por un autoritarismo que desconoce los otros poderes del estado y transforma a los organismos de seguridad en mecanismos de control político y social. Se aplasta toda oposición y se persigue a los disidentes políticos de la forma más brutal, violando los derechos humanos e interviniendo, desde el estado, las empresas que le pertenecen y todos los espacios en los cuales se pueda incubar un cuestionamiento a lo que deciden los militares. Estos contaron, por cierto, con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad civil, que vieron en ellos la oportunidad de manejar los “hilos” del poder, sin necesidad de someterse a la consulta popular y sin oposición de ninguna naturaleza.

            El fuerte control político que instauran los militares empieza a resentirse hacia 1982. Hasta ese momento, los economistas que acompañan los militares pudieron imponer sin contrapeso el nuevo modelo económico, que buscaba reinsertar la economía chilena en el concierto internacional, teniendo en cuenta el papel que juega el capital financiero y la reapertura del comercio internacional. Antes que se impusiera el nuevo modelo económico, no cabe dudas que la industria era buena alternativa para desarrollar países como el nuestro; sin embargo, al avanzar el capital financiero y recuperarse el comercio internacional, ese modelo debía ajustarse. Como los militares tenían el poder absoluto, hicieron los ajustes sin preocuparse de su costo social. El costo político no les importaba, pues un país sin poder legislativo, tribunales de justicia independiente, partidos políticos y elecciones, se podía hacer, desde el punto de vista político lo que se quisiese.

            Al comienzo, el reajuste económico generó crisis social muy penosa. Entre 1975 y 1977, Chile vivió un período dramático , sobre todo para los miles de chilenos que perdieron los empleos y para los sectores vinculados a la industria nacional que vieron como el país era invadido de productos extranjeros, que la ahogaban definitivamente, Durante esos años, las Universidades tuvieron que soportar el peso de los acontecimientos, sin poder emitir juicios. Fuertemente controladas, dejaron de ser la voz crítica que toda sociedad necesita. Después del 77, una vez superados los efectos más graves del ajuste, se produjo un alivio que alentó algunas esperanzas; sin embargo una nueva crisis, que se desata entre 1980 y 1981, de nuevo coloco al país al borde del colapso.

            Los efectos de la crisis del 81 y el malestar que fue creciendo en Chile, producto de los atropellos de los derechos humanos, coloco al gobierno militar en una posición incomoda. La reacción internacional frente a los crímenes del general Carlos Prats, en Buenos Aires y del canciller Orlando Letelier, en Estados Unidos, sumado al atentado a Bernardo Leython, en Roma, le impidió, por otra parte. Mantener los organismos de seguridad que tan altos dividendos políticos le había otorgado en los años posteriores al golpe, obligando a conceder una apertura que transformó la protesta en el hecho más relevante de los años siguientes, por lo menos hasta 1986.

            De nuevos los ánimos se agitaron en Chile. La apertura y las protestas escandalizaron a los sectores cercanos al gobierno militar. Asimismo alentaron a los partidos políticos que habían sido derrotados en 1973.

            Mientras tanto el modelo económico, se mantenía invariable. Y esto también afecto al sistema universitario. El autofinanciamiento de los estudios, disfrazado a través del crédito universitario, la rebaja de los recursos que por vía directa enviaba el Estado y las restricciones universitarias, se convierten en realidad cotidiana del quehacer universitario, provocando fuertes tensiones y divisiones al interior de los planteles de educación superior. Hubo profesores que pudieron adecuarse a los cambios y beneficiarse ello; otros, en cambio, los que cultivaban disciplinas menos rentables para el mercado, fueron perdiendo posiciones

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LOS DESAF1OS DEL PRESENTE

            En 1988 Pinochet tuvo que someterse a una consulta popular, conforme al itinerario que se vio obligado a transar al redactar la Constitución de 1980. Las condiciones que rodearon el “plebiscito del 88” demostraron, sin embargo, que no tenía interés en dejar el poder; pero la derrota en las urnas lo obligo a preparar la salida, cuyas complejidades el país todavía no supera al terminar el siglo XX. Ha sido la tormentosa transición política.

            El triunfo de la Concertación en la elección presidencial de 1990 alentó las esperanzas. En primer lugar se pensó que el Estado asumiría de nuevo un compromiso social más decidido; se creyó, también, que seria posible corregir las injusticias del modelo económico impuesto por los militares por último se pensó que recuperaríamos definitivamente la democracia.

            Muy poco de esto ha ocurrido. Hoy el Estado busca desprenderse cada vez más de sus compromisos. La fiebre privatizadora permeó los sectores que más se opusieron a Pinochet, transformando la gestión de la Concertación en una labor que muy poco ha podido hacer en este campo. Con la salud privatizada, la educación intervenida por los particulares, los servicios básicos en manos de empresas privadas, el Estado apenas alcanza a resolver una parte muy pequeña de los problemas de la ciudadanía, Por lo mismo el ‘modelo neoliberal, ligeramente modificado por la recomendaciones de los organismos internacionales, en el sentido de concederle equidad y justicia, no ha podido ser tocado y la traumática transición política ha impedido salvar las heridas que provocamos en los 60 y 70.

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Publicado por en 28 noviembre, 2010 en Historia de Chile

 

Chile en el siglo XX (V Parte)

 

LA LUCHA POR EL PODER Y LOS CAMBIOS 1956-1970.

            El periodo que va de 1956 a 1970 se caracteriza porque la humanidad continua viviendo un inestable equilibrio de paz armada entre las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, parece que la coexistencia pacífica empieza a imponerse en las relaciones de los Estados, pese a algunas crisis dramáticas como el acontecimiento de los cohetes en Cuba, en octubre de 1962. La otra gran tendencia de la humanidad es la lucha contra los resabios del colonialismo y del imperialismo, cuyo punto culminante es la guerra del Vietnam, donde el pueblo asiático libra una heroica lucha por su libera nacional haciendo frente a una de las grandes potencias del mundo.

            En el período es posible visualizar la profundidad y la gravedad de los problemas que agobian a los países en vías de desarrollo. Son estos complejos asuntos de las naciones del denominado Tercer Mundo los que contribuyen a la inestabilidad social y constituyen una amenaza creciente a la paz internacional. Los dos tercios de la humanidad, agrupados en América latina, Asia y África, han obtenido la independencia política e inician la reconstrucción de sus sociedades nacionales. En nuestro continente, y dentro de la tendencia señalada, el punto cumbre es el comienzo de la Revolución Cubana en enero de de 1959, que inicio la construcción de una sociedad socialista. Por otra parte, Estados Unidos esboza por entonces, la política de la Alianza para el Progreso, planteamiento que estuvo en vigencia hasta 1965 cuando las tropas norteamericanas invadieron la República Dominicana. Chile, al promediar esta etapa (1960), es un país con 7.375.000 habitantes y hacia el fin del período (1970), su población alcanzaba los 9.555.600 habitantes, señalando una tendencia demográfica importante de la sociedad nacional. Por otra parte, en 1960 el 66,5% de la población vivía en las ciudades, porcentaje que en la actualidad alcanza un promedio superior. La creciente urbanización del país ha generado un sinnúmero de problemas, de los cuales el de los pobladores o habitantes marginales es uno de los más relevantes. Otro aspecto que interesa destacar es el hecho de que un 37,4% tiene una edad menor de 15 años, lo que revela el papel importante de de las generaciones jóvenes en el devenir social.

            La economía del país no se aparta de las estructuras y tendencias básicas que hemos descrito. El cobre continúa siendo la espina dorsal del país, estando reguladas sus actividades productivas durante gran parte de esta etapa, por la ley del Nuevo Trato para las grandes empresas extranjeras del mineral. El fracaso de esta política cupiera y del Estado de Chile y las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Este nuevo planteamiento se traduce en los denominados Convenios del Cobre, que se expresaron en una ley promulgada en 1966, que asocia al gobierno con las empresas productoras. Se crea una nueva sociedad, El Teniente S.A., en que el Estado es propietario del 51% de las acciones manteniéndose el resto en manos de los inversionistas extranjeros. En las explotaciones futuras como la Exótica y Río Blanco el porcentaje sería de un 25% para el gobierno. Igual criterio existía para las sociedades subsidiarias de la Anaconda Co. (Chuquicamata y El Salvador), pero en 1969 se extendió la asociación para estos minerales. Esta política perseguía la chilenización del capital de las empresas; sed conserva la administración general en manos de sus antiguos propietarios y se les concede franquicias tributarias; medidas tendientes a aumentar la producción del metal rojo a un millón de toneladas.

Las crecientes demandas de la economía nacional y en especial el gasto del Estado, han generado otro factor importante a las tendencias económicas del país: el endeudamiento externo, que ha alcanzado un monto considerable y que ha tenido que ser materia de negociaciones sobre el pago y amortización en los primeros meses de la administración de Frei.

            Los demás aspectos de la vida económica nacional revelan un estado de crisis. Tal es el caso de la agricultura, que con su estructura de tenencia de la tierra, baja productividad, la creciente importación de artículos alimenticios, los bajísimos niveles del campesinado, etc., obligan a los gobiernos a iniciar la reforma agraria. En 1962 se promulga la primera iniciativa legal de limitados alcances, para ser reemplazada por otra ley en 1967, que realmente inicia un proceso de transformación gradual del agro chileno. Se han creado organismos como la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y se han organizado diversos servicios agrícolas para afrontar esta tarea fundamental para el desarrollo del país.

            El crecimiento industrial del país prosigue a un ritmo lento, pese a! auge de algunos sectores, como la construcción. Sin embargo, la economía nacional, en su conjunto sigue exhibiendo promedios de crecimiento bajos, que sólo cubren el crecimiento vegetativo de la población; el Estado sigue jugando el papel más destacado en la promoción de las nuevas actividades como la industria química, la de la celulosa, la automotriz, etc.

            La política económica general, y en particular los criterios anti-inflacionistas, son el mismo establecidos en 1956. En los años siguientes, subsiste este planteamiento, promulgándose diversas leyes de estabilización de las remuneraciones y perfeccionándose los procedimientos para mantener los sueldos y salarios a niveles inferiores al índice del costo de la vida. Hubo años incluso que ni siquiera se promulga la ley anual de reajustes de sueldos y salarios, confiando al gobierno en su criterio de estabilización. Sin embargo, toda esta política económica se derrumba en diciembre de 1961, retornando la espiral inflacionaria en forma virulenta. El cambio de gobierno de 1964, significa en materias antiinflacionista nuevos enfoques, como el otorgamiento de reajustes de acuerdo al alza del costo de la vida, mejoramiento del sector rural, redistribución del ingreso a favor de grupos menos favorecidos y tentativa de establecer objetivos anuales para ir reduciendo la tasa de inflación. Sin embargo, todo parece indicar, ya en las postrimerías de la administración de Frei Montalvo, que la inflación reaparece con tasas relativamente altas frustrando de nuevo la posibilidad de controlar este fenómeno.

            El país ha estado evolucionando en los últimos años hacia una estratificación social compleja y variada, producto de la creciente urbanización, el desarrollo de la política de industrialización y la extensión de los servicios del Estado. La población activa del país alcanza a un 32%, incluyendo empresarios.

            Nuevos sectores sociales se incorporan a las luchas sociales del país. Uno de estos es el de los campesinos, que inician un proceso de organización de sindicatos, cooperativas y otro tipo de organismos, estimulados por la puesta en marcha de la Reforma Agraria. El otro es el de los pobladores, habitantes de las poblaciones marginales, sector desorganizado socialmente, de instrucción mínima y que rodea los centros urbanos.

            Una de las consecuencias de estos cambios sociales se refleja en la vida política del país. Uno de los efectos del movimiento social, es en 1956, con la orientación definitiva del gobierno hacia posiciones más conservadoras reflejadas en la ley del Nuevo Trato del cobre, la política de estabilización económica, las medidas represivas contra el movimiento sindical, realidades que crean situaciones favorables para la elección de un Presidente de la República continuar de estas líneas fundamentales. En las postrimerías del gobierno de Ibáñez se deroga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y se le reemplaza por una Ley de Seguridad Interior del Estado. También se promulga una nueva Ley de Elecciones, se establece la inscripción electoral obligatoria, la cédula única oficial, registros permanentes de inscripción y la obligatoriedad del voto, medidas que van ampliar en forma considerable el cuerpo electoral del país. Otra consecuencia importante es la constitución del Frente de Acción Popular (FRAP) integrada por Socialistas, Comunistas y Partido Demócrata nacional (PADENA), la alternativa política del movimiento obrero.

            El sexenio del Presidente Jorge Alessandri continúa las tendencias fundamentales de la política de los últimos años de su antecesor. Esta administración es la expresión política más genuina de la burguesía nacional, tanto por su política como por la composición social de sus dirigentes, y por la actitud ética ante los problemas del país. El Presidente disfruta del amplio respaldo de los sectores empresariales, agrícolas, industriales, grandes comerciantes, el beneplácito de las empresas extranjeras y el apoyo político y parlamentario de los partidos tradicionales del país: conservador, liberal y radical. Mantiene sin grandes problemas el ejercicio de los derechos en la democracia formal, conserva la estructura social y se empeña en una política económica ortodoxa en la “libre empresa”, posición que sufre un colapso en 1961.

            Sin embargo, todo este conjunto de actuaciones políticas, que tienden a mantener el status quo, no son compartidas por la mayoría del pueblo, que aspira a una política nueva de “cambios de estructuras” destinados a crear una nueva sociedad más justa e igualitaria. Dos fuerzas políticas captan este profundo anhelo del país. El Frente de Acción Popular y la Democracia Cristiana. El candidato presidencial de esta última agrupación triunfa bajo el siogan “revolución en libertad”, pese al apoyo electoral de las fuerzas tradicionalistas del país.

            El Presidente Eduardo Frei Montalva alcanza la primera magistratura con lo que culmina una lucha de treinta años desde que formo parte del primer grupo demócrata cristiano: la Falange Nacional, Llega al poder encabezando un vasto movimiento populista de sectores de la clase media, obreros calificados, empleados, pequeños agricultores, grupos de campesinos y un gran apoyo femenino. Todo este movimiento es dirigido por un grupo de clase media alta unido alrededor del catolicismo como pensamiento original e inspirado en las ideas socialcristianas europeas. Su programa político le permitió captar a vastos sectores, ofreciendo, “modernizar” al país con métodos gradualistas o reformistas y con una perspectiva nacional y continental.

            El gobierno s embarco en un vasto plan de reformas, como; convenios del Cobre, la Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, la Reforma Educacional, la política antiinflacionista. Se hicieron grandes gastos sociales y se estimulo la organización sindical y se promulgo una nueva ley de Sindicalización Campesina. Se fomento la creación de Cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres y otros organismos de la comunidad.

 
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Publicado por en 28 noviembre, 2010 en Historia de Chile

 

CHILE EN EL SIGLO XX (IV Parte)

 

LA GUERRA FRIA Y AGUDIZAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS 1946-1955.

            El término de la Segunda Guerra Mundial no trae la ansiada paz; muy por el contrario, le abre a la humanidad una perspectiva revolucionaria que transformara las sociedades nacionales y alterar el enfoque de los problemas internacionales. SE forma bloques de los países industrializados, uno denominado “mundo libre” y el otro, de los países socialistas. Esta bipolarización lleva a un enfrentamiento por las áreas de influencia del mundo y conduce al rearme, a las alianzas militares, y al desarrollo de armas nucleares, con las consiguientes repercusiones económicas y políticas. La “Guerra Fría” estalla de vez en cuando en conflictos bélicos localizados, como es el caso de la guerra de Corea 1950-1953 que agrega un elemento de perturbación a la candente situación política mundial.

            El impacto de la Guerra Fría en América Latina y en Chile en particular, es inmediato. El continente se almea en uno de los bloques en pugna mediante la firma de una serie de acuerdos diplomáticos. Como el Tratado de Río de Janeiro de 1947, Chile se compromete política y militarmente e incluso económicamente con los Estados Unidos de Norteamérica en su lucha hegemónica. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrita en 1948, crea los organismos de la política panamericana, y el Pacto de Ayuda Militar (PAM) 1951 proporciona los elementos bélicos para esta política.

            Otra tendencia capital es la lucha creciente contra el colonialismo y el imperialismo, que inician los países que van a constituir el “Tercer Mundo”. Más de dos mil millones de seres humanos conquistan la independencia, política iniciando la reconstrucción de sus sociedades nacionales. Los países de Asia y África empiezan a jugar un papel importante en los asuntos de la humanidad y de los de América ven su anhelos anti-imperialistas sofocados por la represión de los gobiernos autoritarios de la época, pese al ejemplo valeroso de Guatemala. Paralelamente se toma conciencia de los graves y complejos problemas sociales y económicos de miles de millones de seres que han vivido al margen de la cultura y del progreso social. En otras palabras, emergen las realidades de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo a las que no es ajeno nuestro país.

            Chile, tiene en el período de la post-guerra una población de 6.030.000 habitantes, de los cuales un 60,2% vive en centros urbanos. Se empieza a insinuar una tendencia demográfica que va a constituir un importante elemento en la evolución de la sociedad nacional. Los trastornos del transito de una economía de guerra a la normalidad de la paz, se aminoran en Chile en gran parte por el gasto de las reserva de dólares acumulados durante el conflicto bélico, lo que va a permitir al país sobrellevar las dificultades de la post-guerra. El cobre sigue constituyendo la espina dorsal de la vida económica nacional, proveyendo las divisas de la balanza de pagos y un creciente porcentaje de los ingresos del presupuesto fiscal, y desarrollando un importante mercado para las demás actividades económicas nacionales. Es decir que la estabilidad de la economía chilena sigue ligada a las fluctuaciones y crisis de la minería del cobre. FI Estado continúa en los primeros desafíos del período intensificando su intervención en el desarrollo de las empresas productoras, dictando diversas leyes como las que faculto al Banco Central en 1952 para comercializar la producción de la gran minería del cobre. Diversas circunstancias, como el alocamiento de miles de toneladas de cobre en los puertos derivado del termino de la guerra de Corea, el cambio de actitud política del gobierno y una nueva política para estimular las inversiones en dicha actividad minera, dan lugar a la promulgación en 1955 de una ley de “Nuevo Trato”. Esta ley reemplaza todo el sistema tributario vigente por una participación del Estado que alcanza al 50% de las utilidades de las grandes empresas mineras del cobre; esta se complementa con otras franquicias financieras. Se crea el Departamento del Cobre y se legaliza la Confederación de Trabajadores de dichos minerales. Se preocupa estimular también la industria salitrera con la promulgación en 1956 de una legislación especial, el denominado “Referéndum Salitrero”. Se constituye la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), que amplía considerablemente la política de fomento estatal a la mediana y pequeña minería.

            En materia de industrialización las realizaciones del gobierno del Frente Popular empiezan en esta etapa a dar sus frutos. Se encienden los Altos Hornos de Huachipato, se inaugura la refinería de la ENAP, empiezan a funcionar las plantas eléctricas de ENDESA, etc. rubros que significan un progreso sustancial de la economía nacional. En la agricultura, los gobiernos de este ‘período prosiguen en general las políticas anteriores, que se caracterizan por la implantación de precios remunerativos para los productos agropecuarios y el otorgamiento de créditos para la producción y mecanización de esta actividad, sin alterar las bases del campo chileno.

            Los gobiernos siguen la línea de intervensionismo estatal en la vida económica del país. En 1953 se crea el Banco del Estado, que refunde una serie de organismos de crédito estatales existentes; se funda el Instituto de Seguros del Estado (ISE); se organiza el Instituto Nacional de Comercio, que derivara posteriormente en la Empresa de Comercio Agrícola (ECA); se crea un organismo para coordinar las inversiones de los cuantiosos recursos provenientes de la seguridad social, que es posteriormente disuelto, se racionalizan los organismos de comercio internacional, etc.

Sin embargo, el crecimiento general de la economía del país empieza a perder la velocidad que mantuvo en la etapa anterior. Pese a la incorporación de algunos sectores industriales importantes, los estudiosos han detectado un lento crecimiento en el periodo. Aparte de este virtual estancamiento económico, otro problema adquiere un significado trascendente: la inflación. A partir de 1950, que se registra un 16,7% de incremento del alza del costo de la vida, la inflación empieza adquirir una velocidad vertiginosa y descontrolada, alcanzando en 1955 a un 83,8%.

            El gobierno de Gabriel González Videla mantiene en sus primeros años la política de emisiones monetarias; y un intento de innovar en esta materia tratando de introducir la estabilización de sueldos y salarios, es descartado como consecuencia de la huelga de febrero de 1950. El gobierno de Carlos Ibáñez experimenta con diversos ministros de hacienda distintas políticas anti-inflacionarias que fracasan. Finalmente hace suyos los planteamientos de la misión Klein-Sack, lo que se traduce en la ley promulgada el 23 de enero de 1956. La Central Única de Trabajadores sale al paso de la legislación anti-inflacionaria. Declara una huelga general y nacional con carácter de indefinida, hasta derrotar la iniciativa legal de estabilización de remuneraciones. El Gobierno decreta el Estado de Sitio y procede a encarcelar a los miembros del consejo directivo de la CUT y relega a distintos puntos del país a numerosos dirigentes sindicales.

            La huelga fracasa y el gobierno inicia una política global para afrontar la inflación tratando de obtener estabilidad económica, estimular el desarrollo y como consecuencia elevar los niveles de vida del pueblo, dentro de una economía capitalista o de “libre empresa”. Lo sustantivo de esta política consiste en otorgar reajustes en las remuneraciones, Inferiores al alza del costo de la vida; en 1956, sólo se concedió un 50% del índice de 83,8%. Este planteamiento se complementa con la libertad de precios y el libre intercambio en el comercio exterior.

            Las luchas sociales van a alcanzar una nueva perspectiva en esta etapa, condicionada por los acontecimientos expuestos. Se puede afirmar que la burguesía industrial ve acrecentados sus cuadros con los empresarios nuevos que se generaron en la etapa de desarrollo industrial de la época frentista, consolidando sus posiciones sociales con el estimulo de la política gubernamental; esta situación es también valedera para los sectores terratenientes del país. Se constituye una poderosa coalición de intereses empresariales que dispone durante esta etapa de una no menos fuerte expresión política representada por los partidos conservador y liberal y por la dirección nacional y parlamentaria del partido radical. La clase media asalariada crece con nuevos contingentes de trabajadores estatales, producto de la expansión de los servicios públicos, los que van a constituir un importante grupo de presión en la sociedad nacional. El proletariado industrial se incrementa, sobre todo con el aporte del sector obrero organizado de las empresas del Estado, que tiene remuneraciones y condiciones de vida relativamente más elevadas que sus congéneres del sector privado. Desde el punto de vista legislativo los obreros, tanto industriales como agrícolas, serán beneficiados por una serie de decretos con fuerza de ley que se promulgan en 1953. Esta legislación establece el salario mínimo para el obrero industrial no aprendiz, el salario mínimo agrícola, la asignación familiar obrera y la indemnización por años de servicios. Igualmente se organizaron los organismos de seguridad social y de salud creándose el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, que en esa época, cubren las prestaciones sociales especialmente de obreros y su grupo familiar.

            El gobierno de González Videla presionado por los acontecimientos de la Guerra Fría y por intereses foráneos, el gobierno inicia una abierta ofensiva contra las fuerzas del movimiento obrero que se va a manifestar en la dictación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y en sucesivas leyes de facultades extraordinarias. La Ley mencionada fue durante los diez años de su vigencia (1948-1958) el más formidable instrumento jurídico para sofocar, incluso aplastar las manifestaciones de protesta de los trabajadores del país. Durante los dos primeros años de su aplicación, amén de poner fuera de la ley al comunismo, prácticamente desmantela la organización sindical obrera, somete a proceso o relega a numerosos dirigentes populares e incluso se instalo un campo de concentración en Piragua. Chile, en el hecho, vive un estado de sitio permanente, donde apenas un sector político en el Congreso Nacional y la Federación de Estudiantes de Chile constituyen los escasos portavoces de la oposición política del país.

            La protesta popular irrumpe espontáneamente en 1949 en la denominada “revolución de la chaucha” en la que las multitudes santiaguinas protestan por un alza en las tarifas de locomoción colectiva.

            Todo este cúmulo de circunstancias genera una crisis en las organizaciones políticas del país. Se ilegaliza el partido Comunista, el Partido Socialista se divide, el Partido Conservador también se escinde en un ala tradicionalista y otra social-cristiana o demócrata-cristiana; el radicalismo continua siendo la base política del gobierno, cambiando de posición según la oportunidad del momento. Surge una nueva fuerza política, el agrario-laborismo, que va a expandirse en consonancia con el crecimiento de un movimiento populista que encabezará el ex-presidente Carlos Ibáñez. Hay que anotar que en 1949 se aprueba la ley que concede el derecho a voto a la mujer en las elecciones generales.

            Ibáñez se impone en las elecciones presidenciales de 1952, con el respaldo de amplios sectores populares que incluyen al partido agrario laborista y socialistas populares, derrotando a los candidatos de las coaliciones radical social-cristiana; liberal conservadora, y comunista con un sector socialista.

            Los primeros años de nuevo gobierno son populistas, caracterizados por la presencia partido socialista en ele ministerio; se promulgan diversas leyes de beneficio para los obreros; se crean diversas instituciones económicas del sector estatal y se permite un ejercicio libre de las libertades públicas. Sin embargo, al segundo año de gobierno, este cambia de política, debido a una serie de circunstancias como la crisis de sobreproducción de cobre, la vertiginosa espiral inflacionista, el fracaso de las medidas económicas de los distintos ministerios y la creciente oposición del movimiento sindical. Los signos de esta nueva orientación son la promulgación de la Ley del Nuevo Trato para la gran minería del cobre, la dictación de una legislación anti-inflacionista de la Misión Klein-Sack y una política autoritaria contra los trabajadores organizados, aspectos que ya hemos detallado.

 

 
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Publicado por en 28 noviembre, 2010 en Historia de Chile

 

CHILE EN EL SIGLO (III Parte)

 

LA EXPANSION MINERA Y LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL.

            Las tendencias económicas del período anterior continúan desarrollándose plenamente. La actividad salitrera alcanza su más alto índice de producción coincidiendo con el auge de la economía internacional, que tiene una fecha culminante: 1929. Desde luego la expansión de este bien básico de la vida nacional, tonifica la balanza de pagos y el comercio internacional del país: el presupuesto fiscal dispone de enormes, estimulas las otras actividades nacionales, permite tener estabilizado el valor de la moneda, aminora considerablemente el alza de las subsistencias y fomenta el pleno empleo. La gran minería del cobre contribuye también con un aporte creciente al comercio internacional del país. Continua la penetración del capitalismo extranjero, especialmente de procedencia norteamericana, el que consolida sus posiciones en las actividades claves de la vida económica nacional. A los sectores mineros que se han citado, se debe agregar la electricidad, el comercio mayorista y el transporte urbano; finalmente son los prestamistas del Estado. La bonanza económica se acrecienta con la contratación de numerosos empréstitos tanto en el exterior como dentro del país, los que otorga recursos que el gobierno invierte en un vasto plan de obras públicas. La construcción de caminos, escuelas, edificios públicos, servicios de agua potable y alcantarillado, etc. Cambian la faz material del país; en todas estas inversiones hubo ciertamente despilfarros y una ausencia de criterios orgánicos para proyectarlas.

            El gobierno afianza la tendencia intervencionista en la vida económica nacional creando nuevos servicios públicos, como Tesorería, Impuestos Internos, Contraloría General, etc.: estimula al capitalismo nacional con la instalación de organismo de crédito estatal, como la Caja de Crédito Minero, la Caja de fomento carbonero, el Instituto de Crédito Industrial. La organización de la Línea Aérea Nacional es otra empresa con que el Estado contribuye a la modernización del país. Se reforma la educación primaria el año 1928, se crea la Dirección General de Educación Secundaria y se promulga el estatuto orgánico de la Universidad de Chile. Se crea una policía militarizada, Carabineros de Chile y se modernizan las fuerzas armadas, instituciones que constituyen uno de los soportes de sustentación del régimen político presidencial.

            El gobierno castrense da como resultado una situación paradoja!. Por una parte, mantiene la estructura de la propiedad y la estratificación social en el agro chileno, por otra, estimula y trata de afianzar a los grupos industriales nacionales. Mantienen una política de garantías absolutas a la inversión del capital extranjero, lo que facilita la penetración imperialista, e incorpora a un importante sector de clase media a los nuevos servicios públicos del Estado. El gobierno prosigue en sus líneas fundamentales la evolución iniciada en el año 1920 por el movimiento populista que orienta la clase media. En el fondo, esta situación política no es otra cosa que el establecimiento y consolidación, por la violencia, de la clase media en los poderes del Estado.

            La política global del gobierno es, en general, de hostilidad hacia los grupos oligárquicos tradicionales, así como de abierta represión hacia los integrantes del movimiento obrero. El gobierno castrense trata de sofocar las luchas sociales. Esta realidad se empieza a generar a partir de los sucesos de La Coruña en 1925, que dejaron a la Federación Obrera desintegrada orgánicamente y abatida moralmente por la muerte de numerosos de sus afiliados y por la detención y condenación en masa de los dirigentes obreros. El sector anarcosindicalista se había debilitado considerablemente por sus disidencias internas, y por las represiones patronales. De suerte que el panorama socia! era desordenado cuando se inicia el gobierno de Ibáñez. En vísperas de las elecciones presidenciales, el gobierno procede, a clausurar locales y periódicos obreros, encarcela numerosos dirigentes y coloca en los hechos al margen de la ley a las fuerzas organizadas del movimiento obrero. Ibáñez es elegido sin oposición.

            La vida pública del país aparece marcada, por la actuación de las fuerzas armadas en la política contingente. La tendencia castrense se manifiesta desde la elección presidencial de 1920; se expresa prácticamente en los golpes de Estado de septiembre de 1924 y de enero 1925 y en la permanencia en el gobierno de algunos de sus líderes más caracterizados. Uno de estos el Coronel Carlos Ibáñez, va culminar el movimiento asumiendo la Presidencia de la República en 1927. Sin embargo, la tendencia castrense se manifiesta formalmente dentro de la nueva Constitución, permite el funcionamiento del Congreso elegido en 1926, y el año 1930, fecha de su renovación, presiona para que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una sola lista de candidatos. En virtud de la Ley de Elecciones sed nomina un nuevo parlamento, que se conoce con el nombre de “Congreso Termal” y cuya actuación práctica fue delegar la potestad legislativa en el poder ejecutivo. Este formalismo constitucional no es obstáculo, para que e! gobierno, en forma implacable y al margen de procedimientos jurídicos, proceda a encarcelar o deportar a sus oponentes políticos, y a conculcar las libertades públicas, estado de cosas que origina la protesta de los estudiantes universitarios e intelectuales de clase media.

            En los primeros meses de 1930 se dejan sentir en Chile los primeros efectos de la gran crisis cíclica mundial. Este acontecimiento desploma la economía de los países industrializados, genera una pavorosa cesantía de millones de seres humanos y provoca una serie de trastornos políticos. En nuestro país, la depresión conduce a la paulatina paralización de la actividad básica de la economía: el salitre, con todos los efectos fácil de suponer en las demás actividades nacionales y en los servicios del Estado. El gobierno trata de conjugar la crisis creando la Compañía Chilena de Salitre (COSACH) como medio de controlar la explotación y venta del nitrato, pero los resultados son desastrosos: se suspende el pago de la deuda externa; se procede a rebajar las remuneraciones de los empleados civiles del Estado o a despedirlos; medidas transitorias, hasta una eventual normalización del mercado internacional. Paralela a estas medidas económicas, recrudece la represión policial y la protesta de la oposición empieza a alcanzar mayor envergadura. La Federación de Estudiantes orienta el descontento, especialmente de los grupos medios de la sociedad; la muerte de un estudiante y un profesor universitario, provocan una huela general de estudiantes y profesionales, y el gobierno castrense cae en junio de- 1931, obligando a exilarse al Presidente de la República.

            La reconstrucción del orden político es compleja y -conflictiva. Los problemas que trae la crisis, así como la forma de encararla, traen la reorganización total de las fuerzas políticas. A partir de 1931 se crean o renuevan los partidos políticos de Chile. Se unifican las distintas fracciones liberales para constituir el partido de esa denominación, portavoz de intereses capitalistas nacionales. Un sector más militante de esta tendencia derechista da origen al Movimiento Nacional Socialista, que se inspira en su homónimo alemán y desencadena la lucha callejera contra el movimiento obrero. El Partido Conservador, de raigambre católica, reagrupa sus fuerzas, apoyándose principalmente en los terratenientes de la zona central; la juventud del partido, inspirada en los principios de la doctrina social de la Iglesia católica, se separa de este y da origen a la falange Nacional, que va a colaborar con el Frente Popular. El partido Radical sigue siendo el eje de la vida política del país, pese a las distintas fracciones que se disputan el control del partido. Su contribución es decisiva para elegir a todos los gobernantes de la época y es el núcleo central de la coalición triunfante en 1938. Finalmente, las secciones políticas del movimiento obrero se manifiestan en la reorganización del Partido Comunista y en la creación del partido Socialista.

            El gobierno civilista de Juan Esteban Montero que asumió tras la caída de Ibáñez, debe hacer frente a serios problemas. Durante su gobierno se sublevo la escuadra en Coquimbo y Talcahuano, pero sus tripulaciones son sometidas por las tropas leales al gobierno. Posteriormente, en vísperas de Pascua, afiliados a la FOCH (Federación Obrera de Chile) asaltan los cuarteles de Vallenar y Copiapó, muriendo algunos policías y numerosos obreros. Finalmente, al instaurarse la República Socialista en junio de 1932 sucumbe.

            Una junta de gobierno integrada por Eugenio Matte, Carlos Dávila y el General Puga se hace cargo del gobierno apoyado por Marmaduke Grove y otros jefes militares.

Diez días duro la República Socialista, pero en este breve tiempo se toman una serie de iniciativas, algunas de las cuales perduraron, quedando otras solo como manifestaciones de buena voluntad. Entre las medidas políticas esta la disolución del Congreso Termal designado en 1930. Otorga amnistía a todos los procesados políticos civiles y militares, abarcando el beneficio a los amotinados de la escuadra, los participantes de los sucesos de Vallenar y Copiapó, etc. En el terreno económico transforma el banco Central en banco del Estado para regular el crédito, requisa el oro existente en las casas de cambio y joyerías. En el campo educativo anula las medidas disciplinarias del Consejo Universitario contra varios estudiantes, y promulga un nuevo estatuto orgánico, que contempla el co-gobierno con la participación de profesores, estudiantes y egresados. Una iniciativa nacionalista es la promulgación de un decreto que deja en manos del Presidente de la República la facultad de estudiar, conceder y caducar las pertenencias mineras, medidas que de aplicarse, habría afectado a las compañías extranjeras. Finalmente se timan resoluciones que afectan a los problemas cotidianos de los trabajadores, como la devolución de las prendas depositadas en la caja de Crédito Popular, la suspensión de los lanzamientos de aquellas habitaciones que cobran arriendos inferiores a $ 200, y la orden al banco del Estado de conceder prestamos a los pequeños empresarios.

            Los mítines se suceden diariamente en Santiago en medio de las arengas de los dirigentes revolucionarios. Los partidarios del régimen forman la Alianza Socialista Revolucionaria de Trabajadores, que trata de encauzar el movimiento popular. Los comunistas organizan el Comité Obrero Revolucionario de Obreros, Campesinos, Soldados y Marineros con sede en la Universidad de Chile. “El Mercurio” de Santiago anuncia la socialización de las empresas, creando comités de obreros para su administración. Todo esto produce la alarma de los sectores oligárquicos, los que incluso insinúan la intervención norteamericana en los asuntos del país.

Todos los hechos, unidos a las disensiones internas de la junta de gobierno, generan un nuevo pronunciamiento militar, como consecuencia de lo cual se apresa y relega a los genuinos lideres socialista como Matte, Grove, González Rojas y otros, e instaura los llamados” cien días “de Carlos Dávila.

            La experiencia de la República Socialista demuestra la posibilidad de que los trabajadores asuman el poder político en Chile, rompiendo el monopolio de la oligarquía y sectores de la clase media.

En este período se crean las condiciones políticas que van a conducir a la formación en el año siguiente, del Partido Socialista, el que agrupa a los distintos grupos que actuaron en la república socialista.

            El gobierno que sucede a Dávila lo encabeza Arturo Alessandri, que en sus primeros años cuenta con el apoyo de los partidos tradicionales. Mantiene un gobierno autoritario, y mediante el empleo de los mecanismos legales conculca las libertades públicas y persigue a los dirigentes de la oposición. Incluso se crea un cuerpo paramilitar destinado a apoyar al gobierno: la Milicia Republicana, y se promulga en 1936 la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuerpo legal que cubre una gran gama de delitos políticos. Los acontecimientos sociales más significativos del período como Ranquil, la huelga ferroviaria, las exoneraciones de profesores, todo lo cual culmina con la masacre de varios jóvenes nazi en el edificio del Seguro Obrero en 1938.

            En 1935 se produce un levantamiento campesino en Ranquil. En esta zona se venía arrastrando, el problema de tenencia de la tierra, que se traducía en despojos a los pequeños agricultores y su arrinconamiento en los faldeos cordilleranos, manteniéndose una zona de invernada para su ganado. Se perseguía además el propósito de emplear a ese gran número de personas en las faenas de los lavaderos de oro. Acosada por el hambre y el crudo invierno, una muchedumbre se desplaza en la zona de Lonquimay asaltando algunas pulperías, a lo que el gobierno responde enviando un poderoso contingente policial, que sofoca en forma sangrienta a los campesinos de Ranquil. Decenas de trabajadores mueren y otros tantos son procesados por la justicia y condenados a diferentes penas, las que posteriormente son anuladas por una ley de amnistía.

            Las actuaciones del segundo gobierno de Alessandri crean las condiciones para un reagrupamiento de las fuerzas políticas de oposición, así como la unificación del movimiento sindical. También influye en estos acontecimientos el cambio de táctica del Partido Comunista y la final aceptación del Partido Socialista a integrar el Frente Popular. Se forma esta coalición, teniendo como eje al Partido Radical y apoyada por los partidos populares.

            El Frente Popular gana por una escasa mayoría la Presidencia, en octubre de 1938. El ascenso al poder del Frente Popular trae un cambio cualitativo de la industrialización con la activa participación del Estado, con miras a fortalecer el capitalismo nacional y crear una burguesía que encabezara la revolución industrial en nuestro país. En segundo termino, se mantiene la “paz social” durante toda la gestión gubernamental de la coalición. El movimiento obrero presta su colaboración para que el gobierno pueda desarrollar sin tropiezos sociales su política general. Los problemas obreros son encauzados dentro de los marcos legales del Código del Trabajo, registrándose escasos conflictos sociales en este período. Se debe agregar que el ejercicio de las libertades públicas fue plena, pese a las dificultades que experimentara el gobierno y a la segunda Guerra Mundial. El Frente Popular elige a dos Presidentes Radicales: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y Juan Antonio Ríos (1942-1946, ambos fallecidos antes de cumplir su mandato. Los ministerios se integraran con personeros de filiación radical, socialista, demócrata, incluso falangistas.

El Frente se rompe formalmente en 1941 por iniciativa socialista, aunque este grupo no pasa a la oposición al gobierno; y se reconstruye posteriormente bajo el nombre de Alianza Democrática.

El termino de la Segunda Guerra Mundial significa el fin de la coalición política, y nuevos y profundos problemas emergerán de un mundo destruido materialmente.

 
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Publicado por en 28 noviembre, 2010 en Historia de Chile

 

CHILE EN EL SIGLO XX (II Parte)

  LA EVOLUCION NACIONAL Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

            El desarrollo económico del país durante el período sigue en general las mismas tendencias del período anterior. La actividad salitrera experimenta al iniciarse la Primera Guerra Mundial en 1914, una paralización de las faenas que el gobierno afronta con emisiones de papel moneda, rebaja de sueldos de los funcionarios públicos- civiles y créditos a las empresas, medida que palian transitoriamente esta crisis hasta que la producción se normaliza totalmente durante el transcurso de la guerra. Al termino del conflicto bélico se produce una nueva crisis que se prolonga algunos años (1919-1921), ocasionando un quebranto a la economía del país, lo que se traduce en el desempleo de los trabajadores salitreros, el desequilibrio del presupuesto, incluso el pago tardío de los suelos de los funcionarios, y el encarecimiento de los precios de las subsistencias. El gobierno trata de intervenir en la industria sin mayor éxito. Contrata empréstitos, se promulgan diversas leyes de emisión de papel moneda, hasta que retorna la normalidad al mercado internacional y las salitreras reinician sus actividades, produciéndose en ellas una expansión que culminara en las postrimerías de 1929. Se inicia la explotación de las minas de cobre de Chuquicamata, El Teniente y Potrerillos por empresas norteamericanas, y este mineral empieza a jugar paulatinamente un importante papel en la balanza de pagos del país. Se debe decir que el Estado no estableció nin2ún gravamen o derecho aduanero a la exportación de las barras de cobre. La guerra produce el desplazamiento de nuestro comercio internacional desde el mercado europeo al norteamericano y por consiguiente, da lugar a la presencia del imperialismo del país del norte.

            La actividad agropecuaria se acrecienta con la explotación definitiva de las regiones incorporadas a la economía en el período anterior, vale decir. La Frontera y la zona de Magallanes. La industrialización recibe un importante impulso en este período como consecuencia del yació que dejan nuestros habituales proveedores europeos, este desarrollo persistirá en los años siguientes. La inflación monetaria alcanza, especialmente en la década del 20, índices elevados, agravando los efectos ya descritos de este fenómeno.

A partir del movimiento político de 1920, el Estado empieza a desempeñar un papel intervencionista en la vida económica del país. En las postrimerías del período se promulgan decretos-leyes que reglamentan los bancos, establecen el banco Central, la Superintendencia de Bancos y la conversión monetaria; se implanta el impuesto a la renta. Y se dicta una ley organiza de Presupuesto.

            Nuevos grupos se van generando en la sociedad chilena. A la oligarquía agrícola tradicional vinculada a los sectores salitreros y financieros, se incorporan los grandes terratenientes de la Frontera y de la zona Austral del país y un creciente número de empresarios industriales y manufactureros, estos últimos sectores desvinculados en ese tiempo de los círculos políticos y gobernantes del país. También empieza a surgir un núcleo de profesionales universitarios y egresados de los liceos que unidos a los maestros primarios, configuran un sector destacado de la denominada clase media en el terreno intelectual y en los cuadros políticos del radicalismo. La clase trabajadora también ve acrecentar sus efectivos, y a los obreros salitreros se agregan los cupreros y de otros minerales, y en el centro del país los obreros de la naciente industria manufacturera y fabril van a incorporarse en forma activa a la lucha, junto con los ferroviarios y los mineros del carbón.

            El surgimiento de estas nuevas clases sociales va a tener diversas expresiones intelectuales con ocasión del Centenario de la Independencia Política del país en 1910. Alejandro Venegas con el seudónimo de Dr. Julio Vales canje, escribe “Sinceridad. Chile intimo en 1910”, libro donde enjuicia, con conocimiento cabal y fervor patriótico, los problemas que asolan i la sociedad chilena. La otra expresión es Luís Emilio Recabarren, obrero tipógrafo, socialista, que en una conferencia titulada “Ricos y Pobres a través de un siglo de vida republicana”, enjuicia las condiciones de trabajo y vida de la clase obrera. Denuncia los salarios miserables, su no pago oportuno, el monopolio comercial, el encarecimiento de la vida, la habitación malsana, la desesperanza de los oprimidos, etc.

            La lucha social, paralizada a consecuencia de los dramáticos sucesos de Iquique reaparece en los años siguientes en forma de esporádicos movimientos sociales. En 1919 ocurren los sucesos de Puerto Natales, donde mueren varios obreros. Se declaran huelas generales en santiago, en Antofagasta, se promulga la ley de Residencia, se procede a expulsar del país a varios dirigentes extranjeros. La situación se agrava en 1920 con la huela de los mineros del carbón que se prolonga por dos meses El hecho político más destacado es la elección presidencial de 1920.La tendencia populista encabezada por el abanderado de la Alianza Liberal, Arturo Alessandri, logra concitar el apoyo de gran parte de la clase media y de los trabajadores. Arturo Alessandni, desafía a la oligarquía tradicional agrupada en la Unión Nacional. El candidato aliancista plantea como programa electoral, el control de bancos, la conversión monetaria, el impuesto a la renta, la intervención en el comercio del salitre, una reforma constitucional con un poder ejecutivo fuerte, la dictación de leyes del trabajo,, la solución del diferendo de Tacna y Anca. Alessandri se hace eco de una serie de problemas que aquejan a la clase media y al pueblo trabajador. El caudillo capta la adhesión de los trabajadores e incluso, llega a interesar a la oficialidad joven del Ejército. Se genera el primer movimiento populista de la historia del país; la elección alcanza ribetes encarnizados. El resultado es estrecho y para dirimir la contienda, se designa un tribunal de honor, organismo inconstitucional. El gobierno oligárquico trata por todos los medios evitar el ascenso al poder del candidato aliancista. Fragua un complot internacional que conduce a la movilización de las fuerzas armadas al norte y enciende el fervor patriótico de las multitudes, la Guerra de don Lanislao” .La oligarquía gobernante no se resigna a la perdida tanto de su candidato, como del poder político y toma una serie de medidas para obstruir e impedir el ascenso al gobierno del líder de la Alianza Liberal. Se asalta la Federación de Estudiantes, (FECH) se destruye el local, se le cancela la personaduría jurídica y se procesa a sus dirigentes, acusados de “traidores a la patria”. Se incendia el local y se masacra a varios obreros de la Federación Obrera de Magallanes y se inicia el “proceso a los subversivos”, que lleva a la cárcel a más de mil dirigentes obreros; todo este conjunto de acciones están destinadas a barrenar las bases sociales del alessandrismo. Finalmente se reconoce el triunfo del candidato aliancista, quien sube al gobierno rodeado del fervor popular. En medio de difíciles circunstancias económicas y con la oposición en el Congreso de los sectores derrotados. Se une a estos hechos la indisciplina del parlamentario aliancista, que hace que el régimen parlamentario viva días de gloria, desbancando ministerios y haciendo infructuosa la gestión gubernamental.

            El gobierno envía un proyecto de Código del Trabajo para su discusión en el Congreso Nacional. Sin embargo, esta presentación es tramitada un largo tiempo en el parlamento y se ve empañada por los sucesos de la oficina San Gregorio, donde se produce un incidente en que mueren algunos militares y varios obreros. Las luchas sociales se canalizan por medio de las organizaciones sindicales y la actuación de los partidos políticos de los trabajadores.

Los grupos oligárquicos desplazados del poder empiezan a conspirar apoyados por la alta oficialidad del Ejército. La ocasión se presenta cuando el Congreso empieza a discutirla la creación dieta o sueldo para los parlamentarios, posponiendo el aumento de los sueldos de los militares. El 5 de septiembre los militares presionan asiendo sonar sus sables en las tribunas del Congreso. El congreso nacional aprueba el reajuste de remuneraciones de las fuerzas armadas y todas las leyes del trabajo, de la seguridad social y de cooperativas. A los pocos días se forma una Junta Militar que disuelve el Congreso, el Presidente renuncia pero sale con permiso Constitucional. En enero de 1925 es derrotada la Junta Militar y el Presidente retorna al país y se avoca a redactar una nueva Constitución, designa una comisión as doc y somete el texto a plebiscito y el presidente obtiene una holgada mayoría. El sostén político del Presidente lo constituyen las fuerzas Armadas, las que designan a miembros caracterizados de ellas, Carlos Ibáñez, entre otros, como ministros y autoridades del gobierno. El militarismo empieza a jugar un papel decisivo en los asuntos políticos del país.

            La Constitución conserva sus características básicas democrática, liberal. Incorpora en forma atenuada algunas concepciones sociales y establece el régimen presidencial, reduciendo considerablemente los poderes del parlamento.

Los partidos tradicionales se ponen de acuerdo en un candidato civil para evitar la eventual postulación de un militar a la Presidencia de la República. Emiliano Figueroa derrota al abanderado de los asalariados y asume el poder, en el que permanece apenas un año y medio. Por renuncia del Presidente sed realizan elecciones presidenciales y se impone sin opositor el Coronel Carlos Ibáñez, inaugurando los gobiernos castrenses.

 

 
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Publicado por en 28 noviembre, 2010 en Historia de Chile